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Français (Afrique)El nuevo registro horario que prepara el Gobierno encara el mes de septiembre sin una fecha concreta para su aprobación. Los ministerios de Trabajo y Economía acordaron el pasado mes de julio aplazar la aprobación de la norma hasta este mes, pero por el momento no han confirmado cuándo llegará al Consejo de Ministros. Desde la cartera dirigida por Yolanda Díaz aseguran que el objetivo continúa siendo aprobarla “cuanto antes”.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que hay que tener en cuenta la propia programación del Consejo de Ministros y los asuntos que tengan previsto abordar el resto de departamentos. Aun así, ha insistido en que existe un acuerdo con el Ministerio de Economía sobre la necesidad de mejorar el control de las horas trabajadas por los empleados.
Pérez Rey también ha querido despejar cualquier posible enfrentamiento entre ambos ministerios. Según ha asegurado, “no hay ninguna dificultad entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo”, por lo que el retraso no respondería a un desacuerdo entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo sobre el contenido de la reforma. Trabajo mantiene así su intención de sacar adelante la nueva normativa en las próximas semanas.
La situación, sin embargo, ha provocado el enfado de los principales sindicatos. CCOO y UGT han reclamado al Gobierno que apruebe la reforma de manera inmediata y han llegado a amenazar con abandonar las mesas de diálogo social si el registro horario continúa paralizado. La advertencia llega precisamente cuando Trabajo pretende retomar durante este mes algunas de estas negociaciones con los agentes sociales.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sido especialmente contundente al respecto. El dirigente sindical ha advertido de que, si el Consejo de Ministros no aprueba el decreto de control horario, su organización dejará de participar en las mesas de negociación. Desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, también ha defendido que no habrá nuevos acuerdos con el Ejecutivo hasta que la reforma quede aprobada y publicada oficialmente.
¿Pero por qué es tan importante esta reforma? Uno de sus principales objetivos es controlar de una forma más precisa cuánto tiempo trabajan realmente los empleados. De esta manera, se pretende evitar que las empresas puedan mantener jornadas superiores a las establecidas en el contrato sin que esas horas queden registradas, pagadas o compensadas correctamente.
La cuestión cobra todavía más importancia teniendo en cuenta los últimos datos sobre horas extraordinarias en España. Durante el segundo trimestre de 2026 se realizaron 7,18 millones de horas extra cada semana, de las cuales alrededor de 3,09 millones no fueron remuneradas. Para Trabajo y los sindicatos, reforzar el registro horario puede ser una de las principales herramientas para detectar este tipo de situaciones y garantizar que el tiempo trabajado se corresponde con el salario recibido.
El nuevo sistema introducirá además un cambio importante respecto al registro actual. Los registros horarios pasarán a ser obligatoriamente digitales y accesibles de forma remota, permitiendo que los propios trabajadores, sus representantes sindicales y la Inspección de Trabajo puedan consultar la información. El objetivo es facilitar las comprobaciones y detectar posibles incumplimientos laborales sin depender únicamente de documentos físicos o sistemas internos de cada empresa.
La reforma también pretende registrar todos los tipos de jornada, incluyendo las horas ordinarias, extraordinarias, flexibles y las horas complementarias de los trabajadores a tiempo parcial. Con toda esta información se podrá comprobar si se respetan los límites de jornada establecidos legalmente y los descansos mínimos que corresponden a cada trabajador.
Sin embargo, no todos los agentes están convencidos de que la reforma vaya a ser sencilla de aplicar. Desde Cepyme, su presidenta, Ángela de Miguel, ha advertido de la sobrecarga normativa que puede generar el nuevo sistema, especialmente para las empresas más pequeñas. Según ha explicado, existen negocios con uno o dos trabajadores que no cuentan con departamentos informáticos, sistemas digitales avanzados o incluso una conexión adecuada a Internet.
Las pequeñas empresas también plantean qué ocurrirá si el sistema deja de funcionar o se producen problemas técnicos, además de quién tendrá que asumir los costes derivados de su implantación y mantenimiento. Mientras los sindicatos consideran que el nuevo registro es imprescindible para acabar con las horas extra que no se pagan, las pymes reclaman que la aplicación de la norma tenga en cuenta sus limitaciones. El Gobierno deberá ahora concretar cuándo aprobará finalmente la reforma y cómo resolverá estas diferencias antes de llevarla al Consejo de Ministros.